La ley 19/2013, de 9 de diciembre de 2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entró en vigor en diciembre de 2014.
Dicha ley centra la mayor parte de su contenido en incrementar la transparencia de la actividad pública, garantizar el acceso a la información de carácter público y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
